En un operativo respaldado por una orden judicial, la Policía intervino en ocho hectáreas de terreno en el caserío Coigobamba, provincia de Sánchez Carrión, La Libertad. Durante años, estas tierras habían sido ocupadas por mineros informales, quienes construyeron una red de túneles entre las plantaciones del área.
La intervención, realizada este miércoles, fue resultado de una sentencia emitida por el juez Gerardo Mestanza García, del Juzgado Civil de Huamachuco. La decisión judicial ordenó que el terreno fuera entregado a la empresa minera Summa Gold, en cumplimiento de un acuerdo de servidumbre con vigencia hasta el 2053.
La orden judicial se efectuó con apoyo del contingente policial ante el temor de la presencia de delincuentes que se dedican a la extracción ilegal de minerales. Cerca de doscientos efectivos policiales de la Unidad de Servicios Especiales (USE) ingresaron por la tarde al mencionado caserío. Y los primeros que salieron fueron algunos miembros de la ronda que apoyan la ilícita actividad.
La policía tuvo que repeler el ataque para desalojar a los ilegales que incluso prendieron fuego a algunas plantaciones. La familia Polo Espejo, asentada en las 8 hectáreas, cuestionaron la ejecución de la diligencia junto a su abogado Lenin Bazán; sin embargo, la autoridad judicial logró llevar a cabo la demarcación del área que será entregada a la empresa Summa Gold Corporation. El robo de mineral contra el estado peruano terminó ayer en esta parte del bosque.