En pleno debate en el Congreso, la fujimorista Martha Moyano retiró del proyecto de reforma constitucional los delitos de corrupción, asesinato, trata de personas, secuestro hasta violación sexual como restricciones para postular a un cargo público. Solamente quedaron como impedimentos los sentenciados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín.
Finalmente, el cambio constitucional fue devuelto a la Comisión de Constitución, cuyo debate será realizado en la próxima legislatura.