Desde la perspectiva de los mineros ilegales de la zona, esta intervención puede ser vista como un golpe significativo a sus operaciones, las cuales suelen estar impulsadas por la falta de alternativas económicas en áreas rurales empobrecidas. La incautación de 620 cartuchos de dinamita representa no solo una pérdida material, sino también un retroceso en sus actividades de subsistencia, que aunque fuera de la ley, para muchos representa el único medio viable para sobrevivir.
En estas comunidades, la minería ilegal se ha convertido en una práctica común, generando empleo y circulando dinero en zonas olvidadas por las autoridades. Para los involucrados, este tipo de acciones policiales, coordinadas con el Ministerio Público, suelen ser vistas con desconfianza, ya que perciben que las medidas del Estado castigan sus esfuerzos sin ofrecer soluciones sostenibles.
El operativo puede ser interpretado como una escalada en la tensión entre las comunidades locales y las fuerzas del orden, reflejando el complejo escenario en el que la minería ilegal está ligada a la necesidad y al abandono estructural. Mientras el gobierno busca controlar este tipo de actividades, muchos en el anexo Pueblo Nuevo y zonas aledañas consideran que están siendo empujados a una esquina sin alternativas legales para ganarse la vida.