La venta de productos pirotécnicos a menores de edad constituye un delito grave sancionado con penas contundentes, según lo establece la legislación vigente. Quienes incurran en esta falta podrían recibir una pena de prisión de entre cuatro y ocho años, además de enfrentar una multa equivalente a trescientos sesenta y cinco días de salario e inhabilitación para ejercer actividades relacionadas.
La normativa se vuelve aún más estricta en casos donde la fabricación, comercialización o uso de pirotécnicos derive en lesiones graves o la muerte de personas. En estas situaciones, las sanciones se incrementan a penas de cárcel de cinco a diez años, subrayando la gravedad del delito y la prioridad de proteger la integridad y seguridad de la ciudadanía.
Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, las autoridades han hecho un llamado a comerciantes y a la población en general para respetar estrictamente estas disposiciones legales. “La seguridad de nuestros menores está en nuestras manos”, recalcan, exhortando a evitar tragedias por el uso indebido de estos productos.
Además, se ha anunciado un incremento en las acciones de fiscalización en puntos de venta y lugares de almacenamiento ilegal de pirotécnicos. Paralelamente, se insta a los padres de familia a supervisar a sus hijos y a reportar cualquier actividad comercial irregular que ponga en riesgo su bienestar.
El compromiso de todos es clave para prevenir incidentes y garantizar unas celebraciones seguras y responsables.